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En un año el peso se ha depreciado un 36% con respecto al dólar, un ejemplo es que si antes pagabas 133 mil pesos en un mercado importado de 70 dòlares, hoy tenès que pagar 211 mil pesos. De 2006 a 2014, la deuda pública aumentó hasta 53,5 mil millones de dólares (40% del PIB). El 91% de la deuda está denominada en dólares y se tiene que pagar con pesos procedentes de ingresos a la baja, principalmente de petróleo (por cada dólar que caiga el barril son 300.000 millones de pesos de hueco que le abre al Estado Colombiano).

La producción manufacturera cayó en un 3.6 por ciento, en los primeros meses del 2015, la producción industrial descendió un 2.4% y para el año 2016 el crecimiento estimado del PIB será apenas del 2%. Como si esto fuera poco la balanza comercial experimenta un déficit que tiende a crecer: en el primer cuatrimestre las importaciones cayeron en un 8.1% mientras que las exportaciones cayeron un 28%. Se debe a factores externos e internos y refleja los problemas estructurales que obstaculizan el potencial de Colombia para crecer, caen los precios del petróleo, el carbón y el café. La enfermedad holandesa (auge minero-energético) infló artificialmente el nivel de riqueza del país.

La reforma tributaria la tienen que hacer y un aumento del IVA. Este año quedó constituida la comisión de expertos, aunque por las elecciones de octubre no la aprobaràn este año, la COMISIÒN la presentarà en 2016, pero los términos no van con la realidad del país. El gobierno aspira a obtener ingresos por 5,4 billones de pesos, lo que, a la actual tasa de cambio, significan 1.800 millones de dólares.

El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2016 por un monto de 215.9 billones de pesos, con un incremento del 2.5% frente al presupuesto gastado durante el año 2015 estipulado en 210.6 billones. Contempla gastos de defensa y seguridad por un monto de 30 billones, en el sector justicia por 7.6 billones –con incrementos respectivos respecto a la vigencia del 2015 del 5.4% y del 10.7%. Estabilización política y de gobierno por encima de la inversión social; es así como en el año 2016 estos sectores recibirán de asignación adicional: Defensa y Policía 2.3 billones adicionales , Rama Judicial 253 mil millones adicionales, Fiscalía 355 mil millones, Justicia y el Derecho 302 mil millones, organismos de control 129 mil millones, Congreso de la República 37 mil millones, inteligencia 7 mil millones adicionales. De manera aparentemente contradictoria con la lógica demostrada, destinarán alrededor de 53 mil millones de pesos adicionales para creación de empleo público.

En defensa y Policía con 30 billones (+8,3%), mientras la educación por el contrario incrementará -1.8% respecto a la vigencia anteriorlas reducciones presupuestales más dramáticas que tiene el PGN recaen sobre los sectores de deporte y recreación con -40.4% (176 mil millones menos), agropecuario con -38.5% (1.5 billones menos), ciencia y tecnología con -20.0% (67 mil millones menos), ambiente y desarrollo sostenible con -18.9% (128 mil millones menos ), vivienda, ciudad y territorio -10.7% (400 mil millones menos), transporte con -18.2% (1.3 billones menos).

El 25 por ciento del presupuesto (48.6 billones de pesos) va al pago del servicio de la deuda externa ni más ni menos. Noventa y un billones van a las transferencias, 33.6 billones a los gastos de personal, dos billones de pesos a la operación comercial y 40.6 billones de pesos a la inversión. Esta última con el plan de inversiones de la campaña electoral de Germán Vargas Lleras con la construcción de puentes, carreteras y viviendas. En el caso de los dos primeros, serán pagados por los usuarios con las escandalosas alzas en los peajes y otros impuestos de movilidad.

La crisis económica en que está el país, evidencia, sin duda alguna, la necesidad inminente que tiene el establecimiento de usar todas las medidas para desarrollar una estrategia de generación de ingresos en un escenario en que lo peor que pueden hacer es recortar el presupuesto para lo agrario y bienestar social, causando una AVALANCHA que se viene sobre la mayorìa del pueblo colombiano, en un tiempo no muy lejano, tal vez en el que le llaman potsconflicto.

Hablar de postconflicto cuando la guerra recrudece, todo en el marco de entregar a los grandes conglomerados extranjeros la explotación de los recursos naturales, de la producción nacional, de los trabajadores y del mercado interno, en detrimento de la soberanía económica y en favor del gran capital transnacional.

El conflicto entonces continuarà contra sectores màs pobres, contra los productores, trabajadores del campo y de la ciudad. La tercera vìa, nos llevarà màs ràpido de lo que podemos imaginar. El pago que hacen por la importación de alimento se incrementará enormemente, lo cual se traducirá en un efecto inflacionario al colocar esos productos en sus respectivos mercados nacionales. Entonces, la comida subirá de precio. De igual forma, las bebidas, ropa, vehículos y piezas de automóviles importados experimentarán cambios bruscos de precio.

Menos del 1% del total de hectáreas del sector rural disperso del país se utiliza para producir alimentos. Por esa razón hoy importamos más de 10 millones de toneladas, que se podrían producir fácilmente en nuestro país sì el Estado pone voluntad polìtica.

Del total de las hectáreas de uso agropecuario, el 84% se usa en ganadería y el 16% en cultivos.

Para ellos todo, para el pueblo nada. Bajaràn aranceles, bajarà dos puntos del IVA a las importaciones de bienes de capital, la maquinaria que poseen los ricos no se tienen en cuenta para el avalùo catastral, pagan exiguas regalías no por la riqueza si no por los 9 billones de pesos en exenciones, no han reemplazado los parafiscales que dejaron de aportar los empresarios. La reforma determina una reducción de los impuestos a las empresas de $8 billones, que guardan relación con las realizaciones. Si se tiene en cuenta que la creación de un empleo de salario mínimo cuesta cerca de $8 millones, su movilización para crear empleos en forma directa habría generado un millón de puestos de trabajo. Nada de esto ocurrió. La reducción de los impuestos se la apropiaron las empresas en la forma de mayores utilidades y, probablemente, de alzas de salarios de los trabajadores existentes. La contribución al empleo fue nula. El desmonte del impuesto a la nómina da lugar a un aumento de las utilidades, la estrategia financiera la centrarán en el fortalecimiento del recaudo de la Dian, en modificar las reglas de juego a las entidades sin ánimo de lucro que generan ingresos superiores a los 100 billones de pesos al año, impulsar la política extractiva de recursos naturales y profundizar la política de privatización de empresas del Estado. Aún quedan dos empresas por privatizar que pudieran aportar jugosos recursos al funcionamiento del Estado, y no al futuro del país, como han osado argumentar: Isagen y Ecopetrol.

Entregarles a las empresas los recursos mediante exenciones tributarias para que los distribuyeran de acuerdo con sus intereses particulares.

Grupo Éxito obtuvo ganancias por $229 mil millones, solo en el primer trimestre del 2015 los bancos ganaron (en pesos) 2.77 billones, las corporaciones financieras 267.000 millones, las compañías de financiamiento 121.870 millones y las cooperativas financieras 17.810 millones

Los bancos que no generan un valor agregado, porque son solo un mecanismo de intermediación, tengan beneficios tributarios. Y más grave aún es que los dueños de los bancos, a través de los dividendos, no paguen un peso de impuestos.

Contrario para los pobres quienes son los afectados, veamos algunas de las cifras que ilustran con claridad la compleja situación del campo en el país:

3,9 millones de predios en los que se distribuyen los 113 millones de hectáreas que componen nuestra superficie terrestre. En la suma se incluyen parcelas, fincas y haciendas, al igual que resguardos indígenas, zonas de comunidades negras y parques naturales, entre otros.

20% de la población con edades entre los 5 y 16 años no ha accedido a ningún grado de escolarización; persiste un indice de pobreza; el 72,6% de los jóvenes entre 17 y 24 años no tienen acceso a la educación; más del ochenta por ciento de los propietarios no posee maquinaria alguna y más del noventa por ciento no recibió ningún tipo de ayuda técnica para adelantar sus labores cotidianas; cuatro quintas partes del suelo disponible para cultivos está dedicado para pasto, apenas un 19% se dedica para otro tipo de actividades y tan solo un 6.3 por ciento del área disponible está utilizado para cultivos agrícolas; el 0.4% de los propietarios apropia la tierra en un 46.4%, mientras un 70% de los propietarios tiene apenas un cinco por ciento del área rural.

La sensación de empobrecimiento se nota particularmente en el ingreso por habitante. El PIB per cápita de los colombianos bajó de 8.000 dólares en 2013 a 6.000 dólares, actualmente. El salario mínimo, que a comienzos del año estaba en 269 dólares hoy está a 210 dólares.

La depreciación del peso se traduce en un empobrecimiento porque los consumidores tendrán que pagar más por los mismos productos. Esto pasa con los alimentos porque Colombia importa el 28 por ciento de ellos. Muchos productos de la canasta familiar como la harina, la pasta, los huevos, el pollo, la leche, entre otros, han subido de precio en los últimos meses.

En La Guajira hay más de 30 mil menores de 5 años en estado de desnutrición y, de ellos, el 90 por ciento son indígenas. La falta de alimentos y la sequía que desde hace más de tres años golpea al departamento, son dos tragedias que azotan esa región, pero no las únicas. Las víctimas del conflicto, como las de la comunidad wayúu, llevan su propia tragedia a cuestas de masacres, despojo y desplazamiento. Y nuestras regiones no se escapan a esa realidad.

La realidad hay que enfrentarla con propuestas alternativas por un cambio estructural y pronto. Donde la sociedad luche por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

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