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La condición que el presidente Santos interpuso al proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, se ha convertido en un impedimento para la paz. Ha dicho que debemos cesar la práctica de las retenciones, porque de lo contrario, no se dará libre curso a la ya anunciada fase pública de negociaciones.

Esta declaración presidencial pretende ser una imposición, por cuanto es sólo una Parte la que debe cumplirle a la otra, al margen del acuerdo de Agenda, hecho público el 30 de marzo pasado, con la comunidad internacional como testigo.

La pretensión de hacer imposiciones a la otra Parte, evidencia que el Gobierno no tiene la intención de cumplir los pactos. Una negociación implica la seriedad y el compromiso mutuo en el que las dos partes ceden. Cuando así ocurre, las Partes se esfuerzan en respetar lo acordado por encima de las diferencias.

Lo acordado en la mesa, es que en el Quinto punto de la Agenda, dedicado al fin del conflicto, se debe discutir y resolver de conjunto, todos aquellos dolores que han producido y se producen en el curso del conflicto.

Plantearse hoy modificaciones sustanciales, como la exigencia del presidente, es incumplir definiciones y trancar el proceso de paz.

Las afirmaciones del presidente, condicionando el inicio de la Fase pública, desató una ofensiva mediática que está desgastando la confianza, que produjo el anuncio del Acuerdo de Agenda y ha generado confusiones en la opinión, con falsas acusaciones como la que dice que el ELN ha faltado a los acuerdos, porque está actuando en asuntos a los se ha comprometido no hacer, cuando la realidad demuestra, que ha sido el presidente Santos, quien impuso la condición, que el diálogo se desarrolla en medio del conflicto.

Contrario a tal definición el ELN ha reiterado la urgencia de un Cese bilateral al fuego y las hostilidades.

Toda actividad carente de verdad, lesiona la seriedad del proceso de diálogos y le hace mucho daño a la paz de Colombia.

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